AÑO VI

domingo, 3 de agosto de 2008

8,6 meses

El etarra Iñaki de Juana Chaos ya está en la calle. Fue condenado a casi 3.000 años de prisión, de los que cumplió poco más de 18 por los 25 asesinatos que cometió en nombre de la banda terrorista ETA. Para entendernos: pasó 8,6 meses entre rejas por cada crimen. A pesar de la repugnancia que ello nos despierta a todos, se ha cumplido la ley. El PSOE y el PP trabajan por cambiarla para que este tipo de aberraciones no se repitan y se cumpla íntegramente el tope de 40 años de cárcel. Bien. Ahora sabemos que el terrorista --que no se arrepiente de nada-- aplicó métodos torticeros para rebajar su condena. Mal. Francamente mal. La Justicia debería revisar todo ese falso papeleo, actuar en consecuencia y dejar las cosas claras de una maldita vez. En homenaje a sus 25 víctimas. Y de paso, para que este asunto no siga siendo arma arrojadiza de erosivas guerras partidistas que algunos [los de siempre] quieren resucitar.

10 comentarios :

peter pan dijo...

Es importante que un gobierno sea democrático, pero no es menos importante que tenga autoridad, que no permita que nadie se salte las normas y que haga que se cumplan las leyes.

Hubo una vez un gobierno democrático que pecó de falta de autoridad y acabó como acabó.

Sería importante enseñarle al mundo abertzale que el asesinato no es cosa de risa y la ley tampoco.

Titajú dijo...

El problema con la ley es que no hace justicia.
No dejo de pensar en los inocentes, en los que sufren las consecuencias de esa ley injusta y estúpida que dice que una vida vale 8,6 meses.
A mi me costó nueve traer una vida al mundo. En un segundo la rompen en dos y no hay manera de volver a arreglarla.
¿Eso no importa?
A veces pienso que la mejor ley es la del talión; lo que pasa es que los etarras no viven las bastantes vidas como para segarlas todas.

Matapollos dijo...

La delincuencia sale muy barata.
El Estado, responsable de ello, está haciendo terrorismo contra los afectados.

Anónimo dijo...

Matapollos, no exageres que te pasas tres pueblos. Tu comentario se sale de madre.

matapollos dijo...

Pues creo que no me he excedido, es más, creo que he medido bastante las palabras.

Cuando pasan estas cosas, siempre hay personas que son los últimos responsables, con nombres y apellidos, pero yo hablo del Estado, de los poderes públicos, que deberían de dejar bien clarito dónde empieza el delito y dónde acaba el castigo correspondiente.

No es justo echar alegremente a los delincuentes a la calle, no es justo dar alas para volver a delinquir, no es justo promulgar leyes con las que pocos están conformes.

Ir en contra de las víctimas, es también un delito, equiparable al terrorismo, un delito contra la soberanía, ésa que dicen que en un Estado democrático, reside en el pueblo.

Anónimo dijo...

Ya Matapollos, pero de ahí a hablar de terrorismo del Estado contra los afectados hay mucha diferencia.

Aldabra dijo...

esta tarde aún tuve una conversación con mis amigos sobre este tema, nada en particular porque debe ser el tema en muchos hogares españoles...

¡que injusta es la justicia y la ley!

y no digo más que me enciendo.

bicos,
Aldabra

Luis dijo...

Precisamente, amigo Nacho, la diferencia entre un pistolero como De Juana y nosotros, los que estamos del otro lado de la pistola (o sea, encañonados), es que nosotros cumplimos estrictamente la ley, aunque, como en el caso de la liberación de este asesino, no nos guste ni un pelo lo que dice la ley. Ellos, los que están del lado del gatillo, acabarán perdiendo la partida.
Un abrazo

Matapollos dijo...

La ley es ley para cumplirla, tanto por parte del ciudadano como por parte del Estado.
La conducta terrorista no sólo puede afectar a bienes jurídicos concretos sino también a bienes jurídicos inmateriales, tales como el orden constitucional y la paz pública.
Entiendo como parte afectada a la totalidad de la sociedad frente a la impunidad hacia la delincuencia.

Matapollos dijo...

Eso, soltar a este tío, a los pederastas, asesinos de niños, chorizos financieros y demás ejemplares, sigo diciendo que es terrorismo de Estado por poner en peligro la integridad de los ciudadanos, del orden constitucional y de la paz pública.